Me llamo Josep y soy de Sabadell. El motivo de esta carta es expresar mi malestar por los requisitos que se piden para poder hacer las pruebas de acceso a los Mossos d’Esquadra.

No entiendo el hecho de que una de las exigencias sea el de la talla mínima: 1,70 metros.

Evidentemente, yo no llego a esos 170 centímetros. No se puede marginar a las personas por su estatura, ni impedir que por eso no tengan derecho a un puesto en los Mossos, y más teniendo en cuenta la cantidad de departamentos que hay en la policía autonómica.

No sé qué relación directa hay entre la talla y las tareas administrativas que tenga que desempeñar un funcionario de dicho cuerpo. Si un aspirante supera las pruebas de conocimientos técnicos y teóricos, las pruebas de condición y preparación física y la entrevista psicológica, eso quiere decir que está capacitado para ser un mosso.

Entiendo que rechacen a un candidato de menos de 1,70 como agente antidisturbios, claro, pero no que no lo acepten para otro trabajo. En mi caso -soy estudiante de criminología-, me habría gustado entrar en los Mossos al acabar la carrera y especializarme en algún departamento como el de los delitos contra las personas, y poder aplicar así todo lo que estoy aprendiendo.

Por desgracia, no podré hacerlo a causa de ese famoso requisito de la estatura mínima. Llamo la atención, pues, de la Generalitat y del Departament d’Interior en el sentido de que se está excluyendo a personas que podrían formar parte de los Mossos d’Esquadra y ser muy útiles en ciertos departamentos en los que la altura tal vez no tiene tanta importancia como los conocimientos que puedan aportar a la policía autonómica.

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Me llamo Xavi y soy de Barcelona. El 16 de noviembre llamé al teléfono de ayuda al fumador (902111444) que la Generalitat de Catalunya tiene a disposición del ciudadano. Les expliqué que llevo 15 días sin fumar y la persona que se encontraba al otro lado del teléfono, en principio una enfermera, me felicitó.

Pero a partir de este punto se interesó más en explicarme “lo que no entra” en el servicio que en ocuparse de mis inquietudes para seguir con mi lucha particular contra el tabaco. Me empezó a explicar (sin que yo se lo solicitara) que no es posible una reunión presencial, que todo se debe hacer vía telefónica… que no medican… que si quiero medicación tengo que ir al médico de cabecera, etc.

Seguidamente, y sin dejarme intervenir, me dice que lo máximo que puede hacer en mi caso son llamadas cada cierto tiempo para saber como me encuentro.

Esto es una tomadura de pelo de cara a la galería para decir que la Generalitat se ocupa de ayudar a dejar el tabaco.

Presenté mi queja. Me atendió otro enfermera del centro que en ningún caso mostró su interés sobre el porqué la presentaba. Su único interés fue el de rellenar correctamente el formulario de quejas. Creo que en un servicio como este se debería ser menos funcionario y más profesional.

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Me llamo Marta y soy de Terrassa. Hubo un tiempo en que Catalunya era próspera. Se trabajaba con ganas, se intentaban hacer las cosas bien. La “feina mal feta” no tenía futuro y  “la feina ben feta” no tenía fronteras. No sé qué ha pasado.

Cada día va todo un poco peor: hemos vuelto a la ley de la selva y a la cadena atrófica del poderoso frente al indefenso ciudadano de a pie.

Corrupción a todas las escalas, abusos en telefonía móvil, caos de los transportes, mal servicio en los comercios, colapso en los juzgados y un etcétera que se incrementa día tras día. Y esto no es culpa de la crisis. ¿Hacia dónde vamos?

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Soy de Barcelona y me pregunto dónde queremos llegar desprestigiando a un magnífico y nuevo cuerpo policial que cumple con su deber efectuando las actuaciones y detenciones que corresponden en cada caso. Con esta campaña de desprestigio, lo que se está haciendo es envalentonar a los delincuentes, los cuales amenazan a los agentes con autolesionarse y posteriormente denunciarles, ya que las recientes sentencias desproporcionadas y su gran propaganda les dan alas.

Con todo ello no quiero decir que si un mosso hace una fechoría no se le castigue, pero con el mismo rasero y sin la desproporcionalidad que se está dando entre las sentencias a policías y delincuentes. Si esto continúa, podría acabar siendo un chollo para los delicuentes.

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Soy Rosa, de Tarragona.

Un conjunto de vecinos de nos estamos organizando para constituir una asociación. El caso es que nos hemos encontrado con que ninguno de los impresos oficiales facilitados por la Conselleria de Justícia de la Generalitat está disponible en castellano: ni los modelos oficiales de estatutos ni los de acta de fundación ni los de la junta directiva ni nada de nada. Todo está solo en catalán.

¿Tanto cuesta que la Conselleria de Justícia tenga sus impresos en las dos lenguas oficiales?

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Hola, me llamo Alberto y soy de Barcelona.

Ayer estuvimos en Port Aventura,  y ahora ya entiendo porqué le llaman parque temático, solo hay que ver los empleados q tienen…

Fuimos expresamente  para ver la Selva del miedo, el parque cierra a las 22:30,  y a las 20:00 nos dicen que el aforo está  completo y no nos dejan entrar. Cuando pedimos explicaciones o nos ingoran o nos dicen que volvamos mañana, sin más. Como reírse en tu cara, vamos.

¿Quién nos paga la entrada para mañana? ¿estos empleados tan simpáticos?

No hay derecho.

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Soy madre de una estudiante universitaria a la que el Ministerio de Educación y Ciencia concedió una beca Erasmus de 220 euros al mes para hacer un curso en Bolonia (Italia).

Pidió ayuda a la Generalitat para los gastos del viaje, pero se la denegaron. Lo mejor del caso es que mi hija comparte piso en Bolonia con una estudiante de Sevilla a la que la Junta de Andalucía dio 400 euros.

Señores de la Generalitat, estoy pensando en empadronarnos en cualquier ciudad andaluza, ya que somos los españoles que más pagamos y, en cambio, los que menos ayudas recibimos.

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En muchos municipios la forma de actuación y tramitación de las denuncias de zona azul han cambiado mucho en los últimos años, debido básicamente a la sentencia aclaratoria emanada de nuestro Tribunal Supremo, de su sala tercera y publicada el 22 de septiembre. En la que el Tribunal Supremo prescribe que para que la denuncia sea efectiva se precisa fundamentalmente:

Que la realice un agente de la autoridad el cual posee lo que denominamos «presunción de veracidad» y seguirá el trámite expediente y descargo preceptivo del procedimiento administrativo.

Que en el caso de que estas denuncias sean realizadas por un vigilante de parquímetro, como es el caso, se han de someter al procedimiento perteneciente a las denominadas denuncias voluntarias que todo ciudadano tiene derecho a efectuar, y no como un trámite de la instrucción de un procedimiento que sólo la autoridad por si puede realizar.

En el procedimiento para las denuncias voluntarias efectuadas por los particulares se precisa una ratificación del denunciante, en este caso vigilante, y la aportación de las pruebas pertinentes con el fin de acreditar que el hecho denunciado es cierto. No olvidemos que rige el Principio de Inocencia en favor del denunciado del Artículo 24. 2 de nuestra carta Magna y no el polémico Pseudo Principio de Presunción de Veracidad de la denuncias de los Agentes de la Autoridad.

Todas las denuncias que emanen de un vigilante conforme a la sentencia del Tribunal Supremo y que no hayan sido probadas y ratificadas en el procedimiento administrativo pertinente están viciadas de nulidad por infracción del Artículo 62.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común que dispone que serán nulos de pleno Derecho los actos de la Administración que se produzcan «…prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados».

Dicho lo anterior yo me pregunto:

¿Estará el Ayuntamiento de Reus al tramitar dichas denuncias en forma y modo que lo hace en un posible fraude de ley?

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